Decir que “la mayoría” de los jueces traban duro y lo hacen de forma profesional, independiente e imparcial no sirve ya porque es un argumento que llevamos muchos años destruyendo activamente cuando se refería a otros colectivos e incluso a otros poderes del Estado.
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Si hace ya mucho tiempo que vemos como normal que se desprestigie a todos los políticos, que del Gobierno se diga que es ilegítimo y que está formado por delincuentes, que se abomine de todos los periodistas, que se considere a todos los sindicalistas como meros consumidores de mariscadas y a todos los empresarios como anhelantes de la esclavitud; si nos hemos acostumbrado a ver todo eso con irresponsable satisfacción y contento, sin el menor asomo de preocupación por las consecuencias que tales burradas puedan tener, no sé a qué viene ahora que las críticas a los jueces conlleven tal cúmulo de protestas por su parte.
Decir que “la mayoría” de los jueces traban duro y lo hacen de forma profesional, independiente e imparcial no sirve ya porque es un argumento que llevamos muchos años destruyendo activamente cuando se refería a otros colectivos e incluso a otros poderes del Estado.
Si una, o varias, excepciones en el Gobierno, en la prensa, en el Parlamento o en los agentes sociales dan más que de sobra para anatemizar y desprestigiar a todos sus miembros, ¿por qué alguien pudo pensar que esa marea de inquina nunca alcanzaría a los jueces? Máxime cuando se ve que hay motivos, excepcionales, sí, pero suficientes para que la ciudadanía aplique el mismo rasero a sus señorías que lleva utilizando para otros.
Ahora sabemos, por la Encuesta de Calidad de la Democracia realizada por el CIS, que el 88% de los españoles piensa que la justicia trata a los políticos distinto a como trata a los ciudadanos corrientes, que el 76,9 % duda de la neutralidad de los tribunales en casos que involucran a formaciones políticas y que el 78,4 % de los encuestados afirma que la justicia tampoco trata del mismo modo a ricos que a pobres.
Por fin, la marea de basura ha alcanzado a la judicatura y no vale apelar ahora a su importancia y al peligro de que la sociedad pierda la confianza en ese tercer poder del Estado. La inexistente línea roja que salvaba a la judicatura del descrédito cívico se ha saltado exactamente como se saltaron otras antes.
Apelar ahora al daño que la desconfianza popular hace a la democracia no sirve de nada porque ya llevamos muchos años regodeándonos en ese camino y señalando injustamente a otros colectivos no menos importantes que los jueces para la buena marcha de la democracia. Algún día les iba a tocar a ellos.