Laminar a Alfonso Alonso para después esto?
El ardiente deseo de discurrir con novedad
71 millones de americanos han votado a quien les dijo que les quería. Es mucha gente que comparte el ruego de doña Concha Piquer y que por encima de la verdad valoraron la calidez del mensaje y el estilo gamberro de Trump.
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| El juicio de Salomón. Luca Giordano 1694 – 1696 Colección del Museo del Prado |
Los jueces no hacen justicia. Los jueces ponen en marcha los procedimientos previamente establecidos para que se cumpla la ley o para que, en caso de no ser así, se apliquen las sanciones que correspondan, también previamente dictadas y escritas. Suena soso, ¿verdad? Lo es.
Resulta soso pero es muy importante entender que es así porque la democracia, en cuanto al poder judicial, solo existe si se respeta la aplicación de la Ley y se interpretan las circunstancias de cada caso con profesionalidad pero con lealtad absoluta a lo que en la ley se dice, independientemente de lo que piense, crea o vote el juez como ciudadano.
Este principio de supeditación a la ley no es nuevo, pero tampoco es obvio. Hay otros modos de impartir justicia. La diferencia entre el cadí de las sociedades teocráticas y el juez de un estado democrático es que en aquellas se confía en el buen juicio de una persona honorable y cabal que decide según su criterio personal y ético. Hablamos de un sabio, capaz de discernir lo que es justo de lo que no lo es en cada caso. La justicia democrática no actúa así, en absoluto, sino que se atiene estrictamente a las reglas y procedimientos previamente conocidos. La justicia del cadí es personal, misteriosa e impredecible, porque depende de su sola voluntad, la del juez es sosa, aburrida y predecible, porque depende de la Ley. El cadí decide la solución “hace justicia”, el juez aplica la Ley, que no es exactamente lo mismo. En esto conviene repasar a Max Weber en “Economía y sociedad” y, por supuesto a Cesare Beccaria en su “De los delitos y de las penas” nada menos que de 1764.
Así que pongamos un poco de cuidado en eso de “hacer justicia” porque si elevamos a categoría absoluta lo que no es ni más ni menos que un procedimiento complejo pero reglado, estaremos entrando en la peligrosa senda de usar la justicia, no como herramienta de un estado democrático y garantista sino como concepto moral y el peligro es que ante un absoluto moral, toda regla que lo impida, retenga, matice o retrase, aparece como una agresión contra lo que es bueno y deseable por definición.
Siempre que escucho (muy a menudo, por cierto) eso de “que se haga justicia” me entra la duda de si se reclama un juez o un cadí. Luego, cuando oigo a los más vehementes exigir, además, “un castigo ejemplar”, ya no tengo dudas: quieren alguien cuya sentencia satisfaga a la gente, alguien que decida lo que es justo, no que interprete y aplique la Ley. Quieren un cadí, no un juez.
España ya es una república. Incluso más que el Reino Unido, que también lo es. Los valores de una república no están en el nombre oficial de un país sino en su organización política democrática, en el ejercicio del concepto de ciudadanía, en el imperio de la Ley y en el respeto cívico por la libertad y dignidad de los opositores.
Es una simplificación estúpida, o maliciosa, hacer recaer el ser o no ser de un régimen republicano exclusivamente en la forma de elección de su jefe de Estado. Para poder quedarse solo con esa espuma es preciso ignorar deliberadamente que hay multitud de jefes de Estado electos pero de comportamiento inequívocamente tiránico a lo largo y ancho del mundo y que sus llamadas repúblicas carecen por completo de valores republicanos, mientras que muchos jefes de Estado hereditarios actúan de forma intachablemente democrática, como el nuestro, como la Reina de Inglaterra y como los demás reyes y reinas de Europa. Son personas que conectan con una tradición de siglos, pero cuyas funciones nada tienen que ver con las que ejercían sus antepasados y sí mucho con los valores republicanos que son los que corresponden a un régimen de libertades, por más que sus símbolos sean coronas de larga tradición histórica, que reivindican la antigüedad de las naciones que representan, nada menos que eso pero tampoco nada más.
Los constitucionalistas españoles (que no son los que quieren cambiar media Constitución sino los que preferimos dejarla como está) escogimos que el jefe del Estado, el Rey, no tuviera poder político, pero sí que cumpliese una función simbólica en nombre de la nación, de la res publica española, precisamente basada en la permanencia en el tiempo de ambas instituciones: la Nación y la Corona.
Todos los que han leído la Constitución de la Segunda República Española (o sea, nadie que yo conozca) sabrán que el Presidente electo, cuya sede era el Palacio de Oriente (Palacio Nacional), tenía derecho de veto y que daba igual lo que aprobase el Congreso, incluso aunque fuese por mayoría absoluta, que si a él no le gustaba, no se proclamaba y en paz. Es decir, que con aquella Constitución y un presidente de derechas, Sánchez no aprobaría ni una sola norma, ni un solo Decreto Ley, y con un presidente de izquierdas, Rajoy no hubiese podido hacer nada incluso cuando tuvo mayoría absoluta. Solo si una Ley le llegaba votada por una mayoría de dos tercios del Congreso (casi nada) estaba obligado el Presidente a proclamarla y permitir que entrase en vigor. Echen cuentas.
Porque el presidente de la República no era solo un símbolo, como lo es el Rey, sino que tenía poder real porque para eso había sido elegido en las urnas. Bueno no, no exactamente. Tampoco le elegían directamente los españoles sino las Cortes y un colegio de compromisarios elegidos por sufragio universal que sumaban sus votos a los de los diputados en igual número. Lo que hoy llamamos la “clase política”, vaya.
Respecto a la responsabilidad sobre sus actos y decisiones, todos ellos debían ser refrendados por un ministro, que asumía la plena responsabilidad política y civil de tales proclamas, participando incluso en las consecuencias penales que pudieran derivarse. No tan distinto a lo que establece la Constitución actual para el Rey que, sin embargo, no decide.
Y por terminar, es casi seguro que a algunos vascos y catalanes que no han leído aquella Constitución tampoco les gustaría nada ni el contenido ni el propio tono de su artículo 4, donde decía:
En fin, que a uno le queda la sospecha de que muchos republicanos sinceros que conoce de ninguna manera aceptarían reponer hoy estas normas, por eso mismo creo que lo correcto es que se empiece a concretar un poco más qué es lo que sí se nos propondría. De otro modo no quedará otra que pensar que estamos ante una triste pero simple colisión de símbolos y que por mucho que sea el daño que ha sufrido la simbólica Corona Española, no hay una alternativa cierta que vaya más allá de la añoranza del símbolo que también fue la II República.
Notas:
El primer ministro francés es Jean Castex
El presidente de Alemania es Frank-Walter Steinmeier
La Constitución de le Segunda República Española está donde debe estar: en la web del Congreso de los Diputados.
Hay que salir, hay que volver a las calles. Es imprescindible retomar cuanto antes la actividad y volver a reiniciar la economía. El daño ya es enorme y cuanto más tiempo estemos parados más irreversible será. De modo que estoy muy de acuerdo con quienes dicen que la desescalada debe producirse lo antes posible.
Si eres uno de esos expertos que asesoran al Gobierno y cuyos nombres no se quieren hacer públicos, mejor será que leas esto.
Con un virus suelto y activo por ahí resulta tranquilizador escuchar esa bonita mentira de que es falsa la dicotomía entre salud y economía. Nos gusta escucharla porque niega que tengamos que escoger entre dos males, que es cosa siempre muy incómoda. Solo que, de falsa, nada. Es una elección terrible, inhumana, pero cierta.
El confinamiento salva vidas. Tan seguro como que mientras tanto nos arruina, nadie pone ninguna de esas dos cosas en duda: mientras frenamos la expansión del virus, frenamos la economía. Cada día que le ganamos al virus unas decenas de muertos para la siguiente quincena, destruimos la economía para los siguientes meses. Es justamente porque somos íntimamente conscientes de ello por lo que nos apuntamos a la fácil salida de negar lo evidente. Pero el virus está ahí; mata, y esa es la única razón por la que estamos encerrados en casa y tan hartos que el cansancio nos está haciendo evolucionar del #yomequedoencasa al #aversisalimosdeunavez.
Parada la curva estadística, que no mata, ahora toca a nuestros gobernantes asumir la ingrata tarea de decidir qué hacer mientras sigue la descendente pero larga cola de la pandemia real, que sí mata y que seguirá matando. Volver a la normalidad más o menos rápido es su decisión, mantener la economía parada más tiempo, con riesgo de ruina, también lo es. Cuando volvamos a la calle, el virus seguirá ahí, esperándonos. Por mucho cuidado que pongamos en la vida (que ya veremos si es así o no) la normalidad traerá su porcentaje de muertos adicionales. Nos guste o no.
Del mismo modo que los generales en una guerra estiman el número de bajas, como es su obligación, antes de decidir a quién mandarán a la muerte primero, a los gobernantes civiles de hoy les toca escoger entre muertos y economía. Una decisión pavorosa, sin duda, pero no hay otra. Y los demás, los que afortunadamente no tenemos que decidir cosa semejante, esperamos que ellos sí lo hagan. Para eso los elegimos, para que decidiesen.